España ha sido pionera en Europa al proponer una nueva forma de contabilizar las víctimas de Violencia de Género, pues -desde que empezara 2022- cuenta con el Observatorio del Feminicidio que, además de sumar los casos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, también registra a las víctimas de violencia familiar, sexual, social y vicaria.
Este avance es muy importante, porque había muchos casos que no figuraban en las estadísticas por el mero hecho de no cumplir con el requisito del vínculo sentimental, quedando fuera, por ejemplo, crímenes muy mediáticos como los de Diana Quer o Laura Luelmo.
Esta modificación sustancial en la visión de los feminicidios también ha suscitado el debate de que se puedan incluir nuevos elementos a valorar, con el objetivo de que no solo se contabilicen las muertes, sino también las denuncias por violaciones o datos sobre acoso callejero.
Todo ello con el fin de la “detección precoz”, es decir, no actuar cuando ya no hay remedio, sino cuando aún se puede revertir la situación o las circunstancias que llevan a la misma.
En este sentido, la importancia de contabilizar todos los tipos de feminicidios, así como de tenerlos clasificados, reside en la necesidad de visibilizar la verdadera dimensión del problema de la Violencia de Género, ya que solo así podrá ser considerada una “cuestión de estado”.
No obstante, es la única forma en la que se puede crear consciencia social y justificar los presupuestos para luchar contra esta lacra, ya que su dotación aún es baja, en relación a la problemática real a combatir.
Sin ir más lejos, si analizamos la experiencia vital de la mayoría de las mujeres, nos daremos cuenta de que en algún momento han sido víctimas de Violencia de Género, ya que es muy difícil que no las hayan seguido por la calle o tocado en una disco o transporte público, así como también el ámbito laboral o educativo son susceptibles de este tipo de situaciones.
En definitiva, lo que no se nombra, no existe, por lo que hay que abogar por darle visibilidad a todas las formas de violencia machista para poder llevar a cabo las políticas públicas necesarias para erradicarlas.
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